La otra cara de la transparencia

El Contralor Ramiro Mendoza.
Probablemente el empleado público que más pega ha tenido desde el cambio de gobierno.

Curiosamente la transparencia -un atributo que en su literalidad es absolutamente neutral: dejar pasar la luz- se ha transformado en algo positivo. La arquitectura deja en evidencia que hace siglos que lo transparente -ya no en un sentido "optico", sino que metafórico- es visto como un adjetivo deseable.
Sin embargo, es en la modernidad cuando deja de ser considerado propio de lo divino y pasa a "humanizarse". La transparencia -en el mundo ideal que es por definición el de la teoría- es necesaria para el correcto funcionamiento de las dos insituciones fundamentales de la modernidad: el mercado y la democracia. En el mundo ideal.

Hoy, hablar de transparencia es hablar de algo bueno, que tiene que estar presente en la mayor cantidad de esferas posibles. Y habiéndose secularizado, se ha tranformado -era que no- en un objeto de la política. Los candidatos (todos) aseguran poseerla y que sus contricantes no. Prometen extenderla por todos los pasillos del Estado y exigen que todo poder la tenga. No sólo los candidatos. Obviamente como es un objeto político, quienes ya están en posiciones de poder llenan su boca con la transparencia.
Y como es un objeto político, que se relaciona tensamente con el poder, los periodistas con vocación de superhéroes también la toman como bandera.

Es, dentro de las distintas reformas que han quedado bajo el concepto "modernización del Estado", una piedra fundamental. Sin embargo, creo que vale la pena dudar de los conceptos a los que consideramos buenos o malos en sí mismos. Si seguimos a Nietzsche, siempre hay una relación de poder ahí encerrada digna de una genealogía.
Y sucede que este intento por hacer al Estado transparente también tiene sus costos y conflictos, los que trabajando dentro del aparato público se hacen evidentes y desenmascaradores.

Me permito compartirles algunos.

1) Licitaciones.
Sean estas por el portal ChileCompra o por los portales de otras instituciones que tienen convenios con el Estado, las licitaciones públicas tienen el sello de la transparencia por excelencia. Pues claro, están ahí para que cualquiera -con Internet- pueda verlas, descargar sus términos de referencia, hacer preguntas, postular y recibir el resultado de la postulación con un puntaje fundamentado. Hasta aquí todo bien.

No obstante, para que toda licitación ocurra como tal, tiene que haber un mínimo de tres oferentes que hayan cumplido con los requisitos pedidos. Esto, cuando uno es la contraparte (es decir, está dentro del servicio público que va a adquirir lo licitado) es fuente de un stress nada menor si se trata de algo que pocos pueden ofrecer. El riesgo de que la licitación "se caiga" es alto y tienes que confiar que quienes podrían presentarse vieron el llamado, les interesó y presentaron algo dentro de los plazos y términos de referencia. A eso hay que sumarle que -en el caso de ChileCompra- no puedes avisarle a los potenciales oferentes que la licitación está abierta. O, al menos, no puede quedar registro de que lo hiciste.

Pero lo que realmente es un problema en este sistema, es que un buen proponente no necesariamente es un buen ejecutor. Se me viene inmediatamente a la cabeza cierto Observatorio Social de la universidad con el nombre del santo de quien Karadima alardeaba ser discípulo. Sucede que este centro de estudios tiene un puñado de personajes muy capaces y con excelentes currículums a la cabeza. Ellos arman propuestas que son muy atractivas, originales, bien planteadas, coherentes y -sobre todo- baratas. Esa suma de características prácticamente garantiza el éxito en una licitación. Pero lo barato cuesta caro y todo se paga en la vida, dicen los adagios. Esas baratísimas propuestas económicas significan, en la práctica, la "contratación" de estudiantes en práctica y otros que sólo son estudiantes a secas. El nivel de errores que me ha tocado ver dan la impresión de que incluso no han terminado el 4º medio con éxito. Y no les estoy exagerando.
Esto termina siendo un cacho, puesto que la calidad del producto obliga a constantes correcciones que dilatan su entrega final y atrasan todo el trabajo del año. Lo peor de todo, es que hablando con otros colegas en el sector público, nos damos cuenta que todos tenemos alguna historia similar con los susodichos y literalmente tememos que se puedan ganar la próxima licitación. Eso es algo que se le puede envidiar a la empresa privada: si has tenido una mala experiencia con un oferente simplemente no le compras más. Una decisión así no se puede tomar desde el Estado. No sin salirse de la ley.
Con todo, cabe decir que una licitación lamentablemente no garantiza el mejor producto. Garantiza el más barato de los elegibles. Y esto podrá tener una racionalidad economicista, pero muchas veces los costos de algo que fue mal hecho terminan siendo mayores.

2) Ley de transparencia.
Tengo entendido que la ley de transparencia tiene muchas aristas, pero estando dentro del sector público las que te afectan directamente suelen ser dos: por un lado, a diferencia de los demás trabajadores, tu sueldo y todo tipo de asignaciones son públicas. Cualquiera con Internet tiene acceso a tu salario. En principio, no tengo razones para oponerme a esta medida (pese a que uno igualmente se siente expuesto), pero me gustaría que fuera parejo para todos. Así se transparentarían varios abusos, corrupciones e injusticias en todos lados. Además que la información fluiría de manera mucho más horizontal y generalizada, y los creyentes dicen que eso es bueno en un sistema de libre mercado como es el que se supone que nos estamos mamando.
Por el otro lado están los requerimientos. Por ley de transparencia toda persona tiene derecho a solicitar información pública y que ésta le sea contestada en un tiempo que no puede superar los 20 días hábiles. En la práctica eso es mucho más estrecho y cuando llega una consulta "por ley de transparencia", se transforma siempre en una prioridad inmediata. Esto añade una cuota extra de stress y en ciertos momentos puede resultar una distorsión bastante grande en el trabajo que se está haciendo. Sobre todo cuando llegan varias al mismo tiempo. Uno desearía que hubiera un modo de que toda la información pública estuviera siempre disponible fácilmente, pero sobre todo, que la gente se diera el trabajo de buscar bien aquella que existe antes de "externalizar" el trabajo de búsqueda utilizando la ley. Hay harta flojera malacostumbrada a la inmediatez de google que ha encontrado un nicho en esta ley.

3) Los concursos públicos.
Funcionan con una lógica bastante semejante a las licitaciones, excepto por la oferta económica: lo que se gana en el sector público está fijado por ley y no hay donde negociar. Pero lo demás es bastante parecido. Es decir, hay términos de referencia, plazos para presentarse y debe haber una terna final de donde se sacará al futuro funcionario. Hoy por hoy prácticamente a todos los cargos se accede por concurso. Concursos que son algunos más públicos que otros, pero exceptuando los cargos de confianza, todos hemos pasado por procesos de selección.
El emblema es el sistema de alta dirección pública. Este sistema funciona de forma mixta, ya que al proveerse cargos que se supone antes eran de confianza, la jefatura del servicio siempre termina escogiendo a su criterio dentro de la terna que se le presentó. El tema es que para llegar a esa terna hay que pasar por una selección en manos del consejo de la alta dirección pública. Una vez elegido en el cargo, se está en el por 3 años prorrogables por otros 3 años más. Después de ese segundo período no se puede volver a ejercer dicho cargo. La idea es asegurar la rotación por un lado y una relativa indepencia de quien esté en el poder, por el otro. Es por eso que han sido tan ruidosos los despidos que ha hecho este gobierno de gente que había entrado por este sistema. Se supone que fue fruto de un acuerdo político cuya base está justamente en despolitizar los altos cargos y asegurar su profesionalismo. Por lo demás, el despedido de alguien que ha ingresado por este sistema es el único que recibe indemnización por parte del Estado.

Pero además, hay otro tipo de rigideces del Estado que intentan salvarse con ciertos concursos. Sucede que si al año siguiente no hay cupos ni de honorarios ni de contratas para algún profesional, se suele usar la vía del concurso público a través de algún otro organismo que tenga convenio con el Estado. Esto lleva a dos absurdos: el primero, que el Estado deba "tercerizar" gente que trabajará con las mismas responsabilidades, en el mismo lugar y con el mismo horario, pero teniendo en el papel como empleador al organismo del convenio. El segundo, que termina siendo el mismo profesional del Estado que deberá entrar por el concurso de dicho organismo el que prepare los términos de referencia para el cargo que va a ocupar. En otras palabras, es el encargado de diseñar los requisitos para SU cargo.
Esto supone un contrasentido al espíritu del concurso público, sin duda. Pero el tema es que tal concurso no debiera existir si lo que se busca es prorrogar el período de contrato de un profesional. El concurso pasa a ser una vil fachada (con palos blancos y todo) de la imposibilidad del Estado para superar sus propias rigideces.

Lo voy a dejar hasta acá por ahora. Creo que el punto está hecho. La idea no es denunciar turbiedades ni nada por el estilo. Simplemente se trata de ofrecer -desde lo que ha sido mi experiencia- una mirada en torno a los costos que pueden haber tras la transparencia. No diría "el lado feo", porque sería caer en el juego de que la transparencia es buena o bella por sí misma, pero sí diría su lado humano. Esas imperfecciones que nos recuerdan cómo se ha secularizado y hemos pretendido traer al mundo un ideal que tal vez siempre ha sido propio de lo divino.

Por Favor, reAcciones