Hace un poco más de un mes publiqué
aquí una columna sobre el proyecto de ley que transformaba en delito penal encapucharse en una protesta y que además -y esto es lo que yo considero más preocupante- hacía responsable de los daños ocasionados a quienes convoquen a la protesta. Algo de lo que me enteré gracias a un comentario anónimo que refería a la noticia en
El Ciudadano y por el mail de un amigo.
En los
comentarios, varios y varias hacían ver la impotencia y rabia frente a lo que se mostraba como una forma encubierta de acabar con la libertad de expresión y las protestas en particular.
Pues algo me sucedió en esa ocasión y a pesar de que son muchas las cosas que me dan rabia y encuentro autoritarias de este país, no es mucho lo que hago en la "realidad". Es poco -pero algo es- el tiempo que destino a defender derechos que me parecen injustamente vulnerados, en comparación al que le dedico a hablar o escribir de ellos. Mea culpa.
En fin, les decía que algo me sucedió y empecé a comentar esto con más gente tratando de ver cómo una ley así podría detenerse. Cómo se podría hacer entrar en razón a los diputados (y las diputadas), en torno a los vicios que podía incubar y el doble filo que tenía una indicación así.
Y sobre todo, porque creo -de manera muy pesimista- que una vez que esto esté funcionando, no podrá echarse atrás. Comenzará el círculo vicioso de la rabia y la (des)legitimación de la ley.
Partí por llamar a la oficina distrital de
Jorge Burgos, diputado que representa el distrito donde voto, para pedir una audiencia. Su secretaria, muy amable, me dijo que lo mejor era mandarle un mail. Ya que él andaba poco por allá (recientemente era el encargado territorial de la campaña de Frei), pero leía y contestaba los mails seguro.
Lo hice el
Martes 21 de Julio.
Helo aquí:
Estimado diputado,
mi nombre es José Manuel Ferreiro, soy licenciado en Sociología y trabajo como investigador del (disculpen, censuré esto. No me gusta exponerme ni a mi trabajo aquí. Uno nunca sabe quien lo leerá...). Soy también un ciudadano inscrito en el distrito que usted representa, razón por la que le escribo a usted, que sería uno de "mis" diputados.
Pero le escribo este mail a título personal y con gran preocupación por lo que pueden ser las repercusiones del proyecto de ley 4832-07, en particular el artículo 4º donde se responsabiliza a convocantes por los daños que se puedan ocasionar durante una manifestación pública.
Prefiero pensar que el espíritu de este artículo está en resguardar el patrimonio privado y público de la acción de vándalos, sin embargo me temo (como en la mayoría de las leyes) que los alcances superan el espíritu o "intencionalidad" de la ley misma y puede abrir la posibilidad para vicios absolutamente contrarios a la libertad de expresión.
Me referiré brevemente a lo que considero los problemas más importantes.
En primer lugar, este artículo puede transformarse en una peligrosa arma para los detractores de una determinada manifestación. Suponga que se organiza una marcha por la tolerancia y contra el racismo. Para un grupo neonazi extremista será una gran tentación encapucharse y destrozar elementos de alto valor, los que deberán pagar las organizaciones convocantes. Organizaciones a las que rara vez les sobran los recursos.
En segundo lugar, y por lo mismo, este artículo constituye un desincentivo a las legítimas manifestaciones públicas. Y esto es grave, ya que es una pérdida de legitimidad de la participación ciudadana en democracia. Los vándalos rara vez son parte de lo que convoca el acto público. Normalmente son pequeños grupos con escasa orgánica que aprovechan estas instancias para desatar impulsos destructivos y frustraciones mal canalizadas.
En ningún caso pretendo justificarlos, de hecho creo que deben ser castigados. Pero debe perseguirse la responsabilidad individual, no la grupal. Sobre todo si la convocatoria es pacífica y nada tiene que ver con la acción de infiltrados.
Deben perfeccionarse los modos en que estas personas son detenidas y responsabilizadas, pero ese es un trabajo que debe operar con las fuerzas de orden y no a través de leyes que merman indirectamente el derecho a reunirse y manifestarse.
Y esto por otro gran motivo: de aprobarse esta ley, se incentivan las manifestaciones ilegales en las que "nadie convoca". Se torna anónimo, y junto con eso se facilitan las acciones sin ningún tipo de control ni responsabilidad.
Esto, además, nos mete en un círculo vicioso de represión y deslegitimación de las normas que regulan las manifestaciones.
Como puede ver, el espíritu de esta ley puede verse absolutamente contrariado por la ejecución de la misma.
Entiendo las presiones con respecto a que "nadie paga" los daños, pero eso pasa por un perfeccionamiento de las policías y no por un artículo de este tipo.
Me gustaría poder presentarle personalmente mis argumentos y poder debatir. Intenté pedir audiencia en su oficina, pero me derivaron a la "bancada". Me imagino que además sus deberes de campaña tienen su tiempo muy mermado, pero he observado las reacciones que ha tenido esta iniciativa en mucha gente y créame que no es para tomarlo a la ligera.
Agradezco desde ya su tiempo en leer este mail, y espero poder obtener algún tipo de respuesta. Los jóvenes sentimos muy poca legitimidad por las instituciones políticas tradicionales y es este tipo de leyes son las que nos hacen creer menos en ellas.
Saludos cordiales
José Manuel
No es necesario que me lo digan. Evidentemente es un mail mamón, pero desde un punto de vista estratégico, necesitaba obtener respuesta.
Y sorpresivamente llegó a la mañana siguiente, el
Miércoles 22 de julio. Claro, uno quiere creer que él es quien los contesta, tal como me decía su secretaria...
Y dice:
José Manuel:
He leído con atención tu mail. Me ha hecho repensar el tema. Yo he apoyado el proyecto, pero he introducido indicaciones que se han aprobado, tú sabes que es texto del gobierno y no una iniciativa parlamentaria.
Yo tendré presente tú posición, pero es básico que hablen con el Sub. Del Interior y sus asesores (todos jóvenes como tú), aún es tiempo pues aún no se ve en la sala.
Cordialmente,
Jorge Burgos V.
Como en ninguna parte del mail se indicaba que éste era confidencial, lo reproducí íntegramente.
Ustedes -al igual que yo al momento de leerlo- intuirán la dificultad que esto significaba. Intentar comunicarse con el
Subsecretario Rosende no es nada de fácil para un ciudadano común. En
la página, además, no hay ningun tipo de contacto.
Le contesté de inmediato el mail a Burgos. Con algo de esperanza, debo admitirlo:
Gracias por su tiempo y pronta respuesta diputado.
Por cierto que estaba al tanto de sus modificaciones (que me parecieron muy razonables), y de que esto emanaba del Ejecutivo.
Intentaré hacer llegar mis preocupaciones al señor Rosende. El problema es que me cuesta mucho encontrar algún medio de contacto.
Le agradecería si usted pudiera referirme algún mail o fono donde podría canalizar de forma efectiva estas preocupaciones.
Espero sinceramente que al momento de la discusión en la sala siga teniendo presente mi posición, que le aseguro no es sólo mía, sino compartida con preocupación por muchos y más.
Saludos cordiales y gracias nuevamente
José Manuel
Si sé, muy mamón nuevamente...
El caso es que este mail jamás tuvo respuesta.
Empecé a moverme solo y recurrí a un amigo/colega que trabaja en el Ministerio del Interior:
-"
Necesito contactar a Rosende"
-"
Estai loco, es imposible"
{Pregunta y explicación de para qué}
-"
Me imagino que es difícil, pero ubicar a sus asesores jurídicos no debiera ser imposible"
-"
Voy a preguntar y ver que te averiguo. Pero tienes que comprender que subsecretaría es todo un cuento aparte del Ministerio. De hecho ellos están en La Moneda..."
No esperé a mi amigo. Me imaginé que le iba a costar, por lo que recurrí a la indispensable
Guía Silber de la secretaria donde trabajo.
Ahí llamé a la oficina del asesor legal del subsecretario, le expliqué a la amable secretaria las razones de mi llamado (debo admitir que cada vez que lo hacía me sentía como si estuviera haciendo el loco... y me carga haber tenido esa sensación) y le pregunté con quién me podía contactar. Esto era cerca de las 2 de la tarde del
Viernes 24 de julio.
Al mismo tiempo le mandaba un mail a Tomás Jordán, el asesor jurídico de Rosende, muy parecido al que le mandé a Burgos, pero adaptado a su cargo y posibilidades. En él le pedía una audiencia para exponerle mis argumentos o algún tipo de respuesta.
Jordán jamás contestó...pero volvamos a su secretaria:
Me dijo que los abogados estaban almorzando que le dejara mi número y que me llamaría cuando alguno llegara.
Eso no sucedió, así que volví a llamar el
Lunes 27 de julio. Sintiendo, nuevamente, que hacía el loco mientras le explicaba nuevamente quién era y para qué llamaba.
Finalmente, el
Martes 28 de Julio (si no me equivoco, no tengo como comprobarlo), logré comunicarme por teléfono con uno de los abogados del departamento jurídico de la subsecretaría, o sea, quienes trabajan con Jordán asesorando a Rosende en estos temas: Nicolás Torrealba.
Nicolás fue muy amable también, me escuchó con paciencia y se mostró abierto a mis dudas y aprensiones. En su conversación fue bastante tranquilizador, haciendo ver que si la marcha se llevaba a cabo por los canales regulares, sus organizadores no tenían que temer por la acción de infiltrados. No sólo eso, Nicolás se mostró abierto a juntarse conmigo si yo quería.
Al parecer no lo había lateado tanto...
La cosa es que me quedaron muchas cosas dando vueltas, así que le escribí un mail el
Miércoles 29 de Julio:
Estimado Nicolás,
Te adjunto los mails en torno al tema que nos escribimos con el diputado Burgos.
Junto con agradecer tu tiempo y disposición a conversar sobre el asunto, quería preguntarte si acaso consideras (tras lo conversado y lo aquí escrito más abajo), que está todo debidamente cubierto en las indicaciones del artículo.
Por otro lado, te quería hacer una consulta: el punto gravitante ahora pasa a ser
“Se presumirá que los organizadores y convocantes a reuniones o manifestaciones públicas han adoptado las medidas a que se refiere el inciso anterior, cuando cumplan las obligaciones impuestas por las disposiciones generales de policía.”
Mi pregunta sería ¿Quién regula las disposiciones generales de la policía?. En otras palabras ¿Con qué criterios la policía decreta obligaciones? ¿Y en qué instancias se crean o modifican dichas obligaciones?
Saludos cordiales y gracias por tu tiempo
José Manuel Ferreiro
Jamás obtuve respuesta.
Algo desilusionado, pues se había mostrado tan dialogante por teléfono, resolví escribirle nuevamente, el
Lunes 3 de agosto:
Estimado Nicolás,
como no obtuve respuesta tuya a mi mail anterior, te lo reenvío.
Al menos a mí no me apareció como si hubiera rebotado...
Ahí te preguntaba por ¿Quién regula las disposiciones generales de la policía?. En otras palabras ¿Con qué criterios la policía decreta obligaciones? ¿Y en qué instancias se crean o modifican dichas obligaciones?
A eso sumo otra pregunta: me explicabas que en la medida en que las manifestaciones se mantuvieran dentro de lo dispuesto por la policía, se estimaba que se habían adoptado las medidas necesarias.
Bueno, ¿Qué sucedería con el caso de los infiltrados, quienes justamente se caracterizan por desordenar y violar los límites dispuestos en una protesta?
¿Qué elementos tendrá un juez para dictaminar si se trató de miembros de la marcha (que haría responsable a organizadores) o de ajenos a ella?
Si prefieres, y tienes tiempo, podríamos conversar personalmente estos temas.
Agradezco, desde ya, algún tipo de respuesta.
Saludos cordiales,
José Manuel Ferreiro
Desde ahí hasta ahora, nada. No contestó jamás ni siquiera un mail por defecto que avisa que está de vacaciones o anda fuera. Cabe decir que los mails que le mandé a él, pese a que hablaba a título personal, los mandé desde mi correo institucional para que no fueran descartados como Spam. Además el ".gob.cl" le dan algo de seriedad al asunto. O algo de "peso"...no sé muy bien.
La cosa es que la cámara de diputados
aprobó el miércoles pasado, por 38 votos contra 33 el mentado proyecto. El voto de tres diputados concertacionistas hizo posible la aprobación del proyecto: Isabel Allende, socialista, hija del mismo presidente que quería que se abrieran "Las grandes alamedas", Fulvio Rossi, socialista, y.....
Jorge Burgos.
El mismo que había "leído con atención" mi mail, que le había "hecho repensar el tema" y que iba a "tener presente" mi posición. Si es que él fue efectivamente quién me contestó el mail.
Los detalles de la votación,
aquí.
No sé que viene ahora. Al parecer queda un último trámite en el Senado.
Si a usted le preocupa esto y tiene como contactar a algún senador o asesor en Subsecretaría del Interior, anímese.
Pero todo indica que nos cierran los distintos canales para expresarnos...
Por Favor, reAcciones
P.S.1: Al tiempo que escribo esto, mando un nuevo mail al diputado Burgos, dice así:
Diputado,
con mucha desilusión vi el resultado de la votación del proyecto de ley 4832-07.
Más desilusión me dio saber que fue aprobado gracias a 3 votos concertacionistas, entre los cuáles está el suyo.
Lamento que no haya leído con tanta atención mi mail, o que no lo haya hecho pensar lo suficiente. Lamento también que tener presente mi posición haya sido tan efímero.
Suerte en su reelección
Saludos
José Manuel Ferreiro
P.S.: el relato de nuestro intercambio y otras desventuras en torno al tema puede leerlo aquí, donde puede comentar también y leer comentarios de otros lectores.
¡¡¡EXTRA!! P.S.2: Menos de 2 horas después de enviarle este mail (y publicar esta columna), me ha llegado mail (se supone) escrito por diputado Burgos:
Si la leí, si lo pensé, pero vote de acuerdo a mi leal saber y entender. Lo que por cierto no tiene porque compartir,
Pero no presuma que por no estar de acuerdo, no le preste atención.
Cordialmente,
Jorge Burgos V.